El problema
Trabajan, pagan impuestos y sostienen industrias. En el papel, no existen.
Agricultura, construcción, salud y transporte: falta crónica de personal.
El sistema migratorio federal es lento, costoso y poco capaz de responder a las necesidades reales de la economía. Los trámites toman años, cuestan sumas que muchas familias no tienen y, al final, no se ajustan a lo que el mercado laboral efectivamente demanda.
Mientras tanto, sectores esenciales sufren una falta crónica de personal: agricultura, construcción, salud y transporte. No son empleos marginales; son los que sostienen la cadena de alimentos, la vivienda, el cuidado de los enfermos y el movimiento de mercancías por todo el país.
Y hay millones de personas que ya trabajan, pagan impuestos y sostienen esas industrias sin un estatus migratorio regular. Esa situación limita su productividad, las empuja a la informalidad y, de paso, distorsiona el mercado para todos: empresas que cumplen compitiendo con otras que no.
Una persona que aporta a la economía pero no puede firmar un contrato, abrir un negocio ni pedir un crédito, produce muy por debajo de lo que podría.
No pedimos privilegios. Pedimos reglas claras y la posibilidad de cumplirlas.
Una economía más grande, con más contribuyentes y menos informalidad, beneficia a quien ya estaba aquí tanto como a quien llega.
La propuesta parte de un hecho verificable —estas personas ya están aquí y ya trabajan— y lo convierte en una relación legal, verificable y tributable.
Un proceso legal, con requisitos claros y verificables, para quienes ya participan en la economía formal o informal. No es un perdón automático: es un camino con condiciones, plazos y obligaciones que la persona debe cumplir y mantener.
Incorporar a estos trabajadores a la economía formal amplía el número de contribuyentes sin aumentar la carga de los ciudadanos actuales. Es exactamente lo contrario de subir impuestos: es repartir el mismo esfuerzo entre más hombros.
Con un estatus definido, una persona puede comprar vivienda, acceder a crédito, invertir y crear empresas. Deja de operar en los márgenes y empieza a generar actividad económica visible, financiable y gravable.
Respetar la ley es condición de cualquier reforma, no un añadido. Quien incumple las condiciones del proceso pierde el beneficio. Una reforma que no se hace cumplir no es una reforma: es una excepción permanente.
Los canales migratorios deben ajustarse a lo que la economía efectivamente necesita, con trámites más rápidos y predecibles. Un sistema que tarda años en responder a una escasez de personal que es urgente, no está cumpliendo su función.
Esta es, de todas nuestras propuestas, la más personal. Reconocemos abiertamente la contribución económica de millones de trabajadores que levantan casas, cosechan alimentos, cuidan enfermos y mueven mercancías por todo el país, y que lo hacen desde una posición de enorme vulnerabilidad.
Pero reconocer esa contribución no significa renunciar a exigir responsabilidad y respeto a la ley. Rechazamos las posturas extremas de cualquier lado del espectro político: ni la mano dura que ignora la realidad económica, ni la amnistía total que ignora el Estado de derecho.
No. Una amnistía borra el incumplimiento sin condiciones. Lo que proponemos es un proceso con requisitos verificables, plazos y obligaciones que deben mantenerse en el tiempo. Quien no las cumple, pierde el beneficio.
Al contrario. La propuesta amplía el número de contribuyentes formales sin tocar las tasas que pagan los ciudadanos actuales. Más personas aportando al mismo sistema significa menos presión sobre cada uno, no más.
La propuesta se dirige a sectores con falta crónica de personal, donde las vacantes llevan años sin llenarse. Además, al formalizar a estos trabajadores se elimina la competencia desleal: hoy la informalidad presiona los salarios hacia abajo para todos.
El respeto al Estado de derecho es condición innegociable de la propuesta. El proceso tiene requisitos verificables, y quien no los cumple queda fuera. Reconocer una contribución económica no significa suspender la aplicación de la ley.
Una reforma seria necesita respaldo organizado. Cada miembro le da peso a una posición que hoy casi nadie defiende en el centro del debate.
